¿EXISTE JUSTICIA EN PUERTO RICO?

Por José Cheo Cruz

En Puerto Rico es bochornoso decir la realidad de que aquí no hay justicia, vivimos con un sistema judicial corrupto, politiquero y de encargos de quienes los nombran los dos partidos Políticos principales el PNP y el PPD, por eso son jueces banales., así como hay jurisconsultos, abogados corruptos que han provocado que hasta una escuadra del FBI especializada en corrupción judicial este presente en Puerto Rico traída desde Washington, hace tiempo, investigando a los corruptos abogados, fiscales y jueces y ya tenemos un juez preso por esas acciones.

Una sociedad democrática tiene en el Poder Judicial su pasaporte a la paz o de lo contrario tendrá su conduce a la inestabilidad política como existe en Puerto Rico hoy día, donde tenemos jueces que le creen todas las mentiras a los políticos y a las mafias que ellos protegen,  no hay acceso a los Tribunales es una pantomima del Tribunal Supremo el decir que si la hay, porque cuánto cuesta una simple vista en los Tribunales y si es un abogado de pueblo lo suspenden por encargo del establishment.

Si en Puerto Rico no reformamos nuestro Tribunal Supremo que está compuesto por políticos de ambos partidos y ahora lo dominan los del PNP, quienes a su vez orientan y dirigen el accionar del resto del Poder Judicial podrido que tenemos, donde  te fabrican caso y ellos siguen al pie de la letra el libreto de los políticos que inventan causas como la mía con Lornna Soto Villanueva que ha tenido respaldo total por los Tribunales y el costo altísimo para una persona de escasos recursos como soy yo.

No podremos desarrollar nuestro potencial económico ni tendremos una sociedad con aspiraciones de justicia. Si los actores de estos tribunales no gozan de la credibilidad o confianza, poco importarán las reformas legales, pactos políticos o fiscales que se puedan ejecutar. Sin Poder Judicial creíble podremos maquillar durante algún tiempo nuestra realidad, pero al final viviremos en un sistema donde la ley del más fuerte se impondrá. Con el agravante de que, si la historia de la humanidad nos enseña algo, es que la ley del más fuerte termina siempre en tragedias colectivas.

Las leyes y reforma que se hacen supuestamente reforman la estructura del poder judicial creando nuevos organismos y diluyendo un poco la centralización del Poder Judicial que hasta ese momento se concentraba en gran medida en la Corte Suprema de “Justicia”. Entre las novedades de reforma que surge del famoso pacto de las corbatas azules del PNP, podremos encontrar la creación de Tribunales superiores, de distritos, Apelativo que es una aberración y se empecinan en mentir a favor de los corruptos políticos.

Del mismo modo se modificó la composición del Tribunal Supremo para tener más miembros de un partido sobre el otro porque los jueces de todas nuestras altas cortes, es la inclusión entre sus nueve miembros en el supremo todos dependiente directo del Gobernador de turno.

Sin embargo, es crucial entender que al margen de todo debate intelectual sobre formas y procesos la designación de estos nuevos actores fue el fruto de una actuación política de un solo sector determinante en la vida política puertorriqueña.

Habría que vivir en Júpiter para no aceptar el hecho que las altas cortes de nuestro país fueron designadas a imagen y semejanza del grupo político que encabezaba Luis Fortuno y el comité político del PNP el pasado cuatrenio. Si bien entre esos jueces empoderados se pueden encontrar grandes profesionales que han hecho una labor justificante de su designación, el balance general ha sido muy negativo. Hoy nadie duda de la realidad de que tenemos una justicia inválida, una justicia que obedece más a designios políticos partidarios que a cualquier interés jurídico.  

Las experiencias de la actuación del Tribunal Apelativo  en el caso de Lornna Soto Villanueva, que de una mentira garrafal un invento para tratar de acallarnos hasta quieren desconocer nuestro derecho a la libre expresión y de Prensa así son los jueces politiqueros y los jueces banales que tenemos hoy   no da lugar a duda para entender como la mano de intereses políticos partidarios irrumpieron en la administración de la justicia en este invento de la mente maquiavélica de un abogadito de mala muerte y mafioso como Jeron garffer, usando todos los medios pre pagados de programas faranduleros, violando la ética de abogado y nadie se inmuta ante tanto atropellos.

Del mismo modo la administración de la justicia penal en lo relacionado con casos de corrupción administrativa he dejado una gran sensación de descredito. Como prueba del fenómeno anterior solo habría que recordar las posturas de quien fuera hasta hace poco el Secretario de Justicia que llego al punto de no ejercer recursos o vías a de derecho a su disposición pues él mismo no tenía credibilidad en los jueces que evaluarían sus argumentos. A ese colmo macondiano hemos llegado, el principal representante del Ministerio Público no creía en nuestros jueces y lo dijo públicamente en el caso de Rolandito.

Este es el cuadro que nos esperara ahora con las electas autoridades venideras esa es la herencia y que deberán conformar un nuevo Tribunal Supremo y quien dirija la administración de justicia en Puerto Rico para cumplir con el mandato constitucional de evaluar y designar los jueces de esas altas cortes. Tiene el próximo gobernador una gran oportunidad pues el deberá influir en por lo menos 4 de los 8 votos del nuevo Tribunal Supremo y abrir paso a jueces que no tengan cordón umbilical con el PNP ni con el PPD, ¿sino con la justicia y con el pueblo Boricua ni con otros partidos? ¿Se descalifica un ciudadano o jurista con pertenecer a un partido político para administrar justicia? En realidad, no, muy por el contrario, estos deberían ser algunos de los más calificados pues la experiencia humana que se acumula en el fragor político es muy propensa a la evaluación de la condición humana.

Además, no existe ningún impedimento legal para ello. Sin embargo, lo que si es cierto que es la experiencia reciente nos enseña que la clase política Boricua de hoy no está estructurada para jugar ese papel. Lamentable. No existen los mecanismos de concertación de otras épocas y lo que tenemos es un grupo tan dominante que decide de manera unilateral. Esa unilateralidad presenta peligros para la administración de justicia y debe ser combatida. Por esa razón gran parte de la oposición política y organismos de la sociedad civil han manifestado el deseo de que las altas cortes sean suplidas de ciudadanos no vinculados con partidos políticos para sembrar un clima de transparencia que nos devuelva un poder judicial en el que todos podamos confiar.

Nuestra experiencia como para legal y periodista que he tenido que enfrentar esta afrenta inmoral de  la justicia una mentira convertida en verdad y que me perjudica ni puedo acercarme a la alcaldía de Canovanas por un malandrín juez de Rio Grande tan corrupto e embustero como su hermano que ataque en Carolina y el procedió a la venganza y es un juez  ¡qué Bárbaro! .

No debiera existir un impedimento para que los partidarios políticos ejerzan sus derechos ciudadanos. Dicho esto, debemos concluir que con la práctica política actual y el dominio cuasi absoluto de un único sector lo más sensato es auxiliarnos de ciudadanos independientes en la medida de lo posible. En ausencia de un equilibrio político fraguado en un debate de altura, el camino para ser juez debe orientarse desde esferas ciudadanos y no partidarias.