UN TRUQUERO DE MARCA MAYOR
Por
José Cheo Cruz
El candidato a la Alcaldía por el PNP de
Luquillo, Carlos Rodríguez Rivera es un truquero de marca mayor. Este es el
mismo individuo que dirige el Consorcio del Noreste y que en días pasados se le
metiera un “Task Force” que le incautaron varias computadoras y documentos. Esa
situación surgió debido a un planteamiento de otro de los candidatos a la
Alcaldía, por el PNP, quien acusó públicamente a Carlos Rodríguez Rivera, de
estarse aprovechando y sacando ventaja política de su cargo público.
Nos informan que este individuo de conducta
temeraria y con delirios de extrema grandeza, días después que agentes del Contralor
y del FBI visitaran sus oficinas en el consorcio de Fajardo, removió en una
grúa del tipo “Flat bed” cajas que se presume eran de documentos. Esa actividad
se llevó a cabo desde un local pintado de color azul donde hay una maquinaria
pesada abandonada y un taller que reparan aires acondicionados de autos en la
carretera número 3 en la jurisdicción de Luquillo. Se alega que allí en ese
edificio él tiene a varios empleados de ese consorcio trabajando.
Se dice que este individuo le ha estado
supliendo unas 450 plazas al Municipio de Canóvanas, al Municipio de Loíza unas
300 plazas y unas 1,000 plazas todas ellas de (4) cuatro horas, cuyas fechas de
expiración son para el 10 de noviembre de 2016, o sea dos (2) días después de
las elecciones. Hay la fuerte sospecha de que todo ese personal lo van a
utilizar en pasquinadas, caminatas y como funcionarios de colegios.
Sería bueno, investigar si este individuo ésta
actuando en violación a la Ley 78 del 1 de junio de 2011, Código Electoral de
Puerto Rico para el Siglo XXI, según enmendada. Esta ley dispone en su Artículo
8.001, Sección XII, lo siguiente: Todo aspirante
a un cargo electivo que se desempeñe como jefe de una dependencia o actúe como
autoridad nominadora, deberá presentar su renuncia al cargo que ocupa treinta
(30) días antes del periodo de radicación de candidaturas. Por otro lado,
utilizar un cargo público para ganar ventajas políticas, utilizando los
recursos del estado de forma acomodaticia podría ser una acción constitutiva de
violación a las leyes gubernamentales por haber cometido delitos contra la
función pública.
A este individuo hay que pasarlo por un crisol
muy estricto por sus acciones desmesuras de allegarse al poder a como dé lugar
y haciendo galas de sus trucos y habilidades para tratar de darle pase con ficha
a la gente incauta.
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