UN TRUQUERO DE MARCA MAYOR

Por José Cheo Cruz

El candidato a la Alcaldía por el PNP de Luquillo, Carlos Rodríguez Rivera es un truquero de marca mayor. Este es el mismo individuo que dirige el Consorcio del Noreste y que en días pasados se le metiera un “Task Force” que le incautaron varias computadoras y documentos. Esa situación surgió debido a un planteamiento de otro de los candidatos a la Alcaldía, por el PNP, quien acusó públicamente a Carlos Rodríguez Rivera, de estarse aprovechando y sacando ventaja política de su cargo público.

Nos informan que este individuo de conducta temeraria y con delirios de extrema grandeza, días después que agentes del Contralor y del FBI visitaran sus oficinas en el consorcio de Fajardo, removió en una grúa del tipo “Flat bed” cajas que se presume eran de documentos. Esa actividad se llevó a cabo desde un local pintado de color azul donde hay una maquinaria pesada abandonada y un taller que reparan aires acondicionados de autos en la carretera número 3 en la jurisdicción de Luquillo. Se alega que allí en ese edificio él tiene a varios empleados de ese consorcio trabajando.

Se dice que este individuo le ha estado supliendo unas 450 plazas al Municipio de Canóvanas, al Municipio de Loíza unas 300 plazas y unas 1,000 plazas todas ellas de (4) cuatro horas, cuyas fechas de expiración son para el 10 de noviembre de 2016, o sea dos (2) días después de las elecciones. Hay la fuerte sospecha de que todo ese personal lo van a utilizar en pasquinadas, caminatas y como funcionarios de colegios.

Sería bueno, investigar si este individuo ésta actuando en violación a la Ley 78 del 1 de junio de 2011, Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, según enmendada. Esta ley dispone en su Artículo 8.001, Sección XII, lo siguiente:  Todo aspirante a un cargo electivo que se desempeñe como jefe de una dependencia o actúe como autoridad nominadora, deberá presentar su renuncia al cargo que ocupa treinta (30) días antes del periodo de radicación de candidaturas. Por otro lado, utilizar un cargo público para ganar ventajas políticas, utilizando los recursos del estado de forma acomodaticia podría ser una acción constitutiva de violación a las leyes gubernamentales por haber cometido delitos contra la función pública.


A este individuo hay que pasarlo por un crisol muy estricto por sus acciones desmesuras de allegarse al poder a como dé lugar y haciendo galas de sus trucos y habilidades para tratar de darle pase con ficha a la gente incauta. 

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