LA LEGISLACION LABORAL UN GRAN FIASCO.
Por José Cheo Cruz
La sociedad puertorriqueña es una
fuente y cantera inagotable de conflictos innecesarios y absurdos. Parece que
algunos se divierten, como dioses del Olimpo, creando situaciones para matar su
ocio con la observación de las tribulaciones que padecen los simples mortales.
Por desgracia, los de abajo, los humildes y desarropados de este país son los
títeres. Y los que se proclaman como representantes de esos infelices, les
siguen el juego a los dioses.
Una muestra clara de todo lo anterior la podemos
encontrar en el debate que estamos presenciando sobre la nueva ley llamada legislación
laboral, una legislación como paga de la deuda del gobernador electo con las
firmas Walmar, Walgreen, Fundación Ana G. Méndez y un largo, larguísimo etc., etc.,
las grandes empresas que financiaron su
campana electoral, esta ley va contra el trabajador y provocara unas
gigantescas cesantía que establece el
Código de Trabajo que quieren establecer y la eliminación de los sindicatos a
la larga.
Los dirigentes empresariales
plantean que deben ser eliminados con la próxima modificación de esa normativa,
como si esa figura laboral fuera una espina que tuvieran clavada en el
entrecejo. Y los sindicalistas puertorriqueños pegan el grito al cielo ante esa
pretensión de los empleadores y del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.
Creen que la cesantía es un derecho de vida o muerte
para los trabajadores. Nada más equivocado, eso no ayuda en nada la económica, solo
llena los bolsillos de los ricos empresarios que aportaron a su campana, lo que
es un crimen de lesa humana.
La figura jurídico-laboral que legislan en el PNP
ahora le da más derecho al empleador que al trabajador y Don Luis A, Ferre
tiene que estar brincando en la tumba haya en Ponce , las leyes del bono de navidad,
el salario mínimo Federal, el apoyo a las Uniones obreras son conquistas tasada que el empleador debe
pagar a favor del trabajador y de los humildes de esta tierra bendita y que la
institucionalizaron Don Luis A. Ferrer y Don Carlos Romero Barceló y el
Gobernador Ricardo Rosselló Nevares cuando ejerza el desahucio o terminación
del trabajo de los empleados públicos y
privados por la voluntad unilateral del empleador la pagara con crese y el país
le pasara factura y la Estadidad se alejara de una manera estrepitosa.
También procede en los casos en
que el empleador es condenado a pagar las prestaciones laborales, ya sea por
despido injustificado o porque el trabajador haya presentado su dimisión
justificada y son cosas que quieren trastocar dando menos días por vacaciones, más
días para ser empleado regular (8) meses antes eran (3) meses y una tanta cosa
que definitivamente no tiene ni pie ni piza dicha ley.
El monto a que asciende la pérdida económica para los
trabajadores y para los posibles empleados es algo insólito para el movimiento estadista
que es uno de justicia social y de derechos civiles, y el auxilio debe ser
colectivo de todos los sectores del país, conforme al tiempo de trabajo y al
salario ordinario, son derechos adquiridos que jamás pensamos que se iniciaría dentro
del movimiento estadista su eliminación, es una loquera del actual gobierno según
todas las fuentes consultadas dentro del movimiento estadista.
Por ejemplo, El Senado incluyó
múltiples enmiendas al proyecto que impulsa el gobernador Ricardo Rosselló
Nevares para recalcar que sus disposiciones no aplicarían a los empleados que
estuvieran en la plantilla de una empresa antes de que la propuesta ley entre
en vigor.
Incluso,
la mayoría en la Cámara alta estableció un nuevo Artículo 1.2 para disponer que
“los empleados contratados con anterioridad a la vigencia de esta ley
continuarán disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían
previamente, según lo dispuesto expresamente en los artículos de esta”. Un
lenguaje similar fue añadido en otras secciones de la legislación de 78
páginas.
La
preocupación de Johnny Méndez, Presidente de la Cámara de Representante es que
esa distinción que se haría entre los empleados cree un disloque en el mercado
que, de alguna manera, pueda generar condiciones de competencia desleal entre
los comercios y empresas. Esa misma inquietud la ha planteado el portavoz del
Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, como argumento para
oponerse a la medida.
El
proyecto es malo para los trabajadores en Puerto Rico, le quita derechos adquiridos
conquistados con sangre y fuego y eso lanzara a los sindicatos a las calles por
4 años a protestar, de manera que no habrá paz en Puerto Rico y la policía hará
que corra la sangre con una superintendente con entrenamiento militar que fue entrenada solo para hacer correr la sangre y así
no me cabe duda se aleja la estadidad, la igualdad, donde hay mucho más derecho,
más libertades que aquí y si aspiramos a
ser estado tenemos que imitar a los estados.
Sin duda que a la verdad no entiendo que buscan con esta disparatada
ley que no sea repagar las aportaciones millonarias de las grandes empresas en la
campana recién finalizada y sin duda que
es un proyecto de encargo, bueno para
los empresarios. Eventualmente, será malo para el desarrollo económico del País.
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