Aponte y OMPU: mediocridad administrativa en el Municipio de Carolina

Por: David Reyes Ruiz

Los municipios autónomos fueron creados para llevar a cabo unas funciones que, en muchos casos, realizaba previamente el gobierno central. Una de esas funciones es la otorgación de permisos. Cuando se trata de propiedades, como fincas, que se solicita la segregación de éstas, el Estado, representado en la figura del gobierno municipal, no puede plantarse en la inacción. Gobierno municipal que así lo haga está abiertamente interfiriendo con el mejor disfrute de la propiedad privada, lo cual es un derecho en nuestra sociedad. Normalmente el Estado ha sido lento en esos procesos, pero en el caso del municipio de Carolina la incompetencia excede los niveles de mediocridad conocidos.

He constatado que es común que el gobierno municipal de Carolina, a través de OMPU, no atiende los casos que se someten para segregación como es debido. Vean esta situación verídica que me atañe directamente:

Un señor relativamente mayor, residente en Carolina, somete a través de un agrimensor el caso para segregar su finca. Pasan los años y el propietario comienza a visitar la oficina municipal. En cada visita le solicitan documentos que ya han sido entregados. Continúan pasando los años y siguen en el mismo juego, solicitando documentos ya entregados.

Ante la incompetencia municipal, el propietario comienza a insistir y visitar continuamente el municipio. Siguen pasando los años. Luego de incrementar la insistencia, el municipio refiere el caso a ARPE del gobierno central para que allá sean tramitados los endosos de las agencias correspondientes. En tres meses están listos los endosos. Pasan los meses y ante la insistencia del propietario el municipio le indica que ARPE central no le envió ciertos endosos y que, por haber perdido vigencia, tendrían que solicitarlos nuevamente. ARPE central muestra evidencia de que le envió los endosos al municipio, aún así el propietario le hace entrega de los mismos nuevamente al municipio.

Los meses continuaron pasando. El municipio, después de largos años, termina aprobando la segregación como la planteó el agrimensor. Pero para que bajara la aprobación ocurrió un evento promovido y provocado desde OMPU, que por haberse tratado de otra persona omito precisar, pero no hay que ser muy sabio para inferir lo que ocurrió. Una vez ya los solares constituyen fincas independientes y se le hacen escrituras a varios de éstos, se descubre que el municipio nunca revisó lo que le sometió el agrimensor. El agrimensor, presentó un plano falso que no representaba la realidad de la finca, eliminándole partes y creando solares que en la suma del área excedían el área total de la finca original. El municipio nunca se percató, porque nunca revisan lo que someten los agrimensores, sólo hacen la función de estampar un sello en el plano y preparar una resolución, que en el caso en cuestión han tenido que redactar varias debido a los tantos errores que cometen y aún falta la resolución definitiva. Y son varios los agrimensores que, ante la incompetencia de OMPU, están actuando indebidamente, bien sea para beneficiar con datos falsos a sus clientes o para afectarlo y/o que se beneficie algún tercero. ¡Después de todo el municipio no se dará cuenta, pues sólo estampan un sello y dan por bueno lo que somete el agrimensor!

El propietario y las personas que adquirieron solares de los que el municipio había segregado oficialmente se encuentran con que los solares no tienen una ubicación específica debido a los errores que el municipio aprobó. Si se mide comenzando de un extremo o de otro, la ubicación cambia. Todos los perjudicados se ven obligados a incurrir en más gastos: nuevos agrimensores, ingenieros y abogados. Pero antes de el municipio aprobar lo que se entendía la aprobación definitiva, ya se había revocado a sí mismo en innumerables ocasiones por diversos errores en la certificación de aprobación, lo cual representó largos meses más de retraso.

En el proceso de contratar nuevos agrimensores nos percatamos que el municipio era propietario de una franja de terreno destinada a camino público que colinda con la finca en cuestión, pero que el municipio nunca utiliza y que mantiene baldía. Se descubre que para hacer el camino el municipio en años recientes invadió la finca sujeta a segregación, sin notificación a los dueños, a pesar de disponer ya de un terreno que desde los años ochenta estaba destinado para tal fin. La existencia de esa franja propiedad del municipio, OMPU la ocultó al propietario y a este servidor. La oficialidad del municipio se ha negado a ubicar el camino, negándose a enviar ingenieros y/o agrimensores para que ubiquen el camino por la propiedad municipal. Alegan que no tienen ingenieros ni agrimensores para hacer ese trabajo en la calle (los que tienen sólo sirven para calentar una silla bajo aire acondicionado). Se le sometió evidencia (planos, resolución de ARPE, etc.) de la invasión de la propiedad por parte del municipio, pero nada hacen. La segregación quedó congelada hasta el día de hoy, teniendo que los afectados hacer el trabajo del municipio.

Mientras funcionarios de OMPU alegan que no tienen ingenieros y agrimensores que ubiquen las propiedades municipales por donde realmente corresponde, malgastan dinero a diestra y siniestra en plantas y fuentes. Las plantas y las fuentes se ven muy bien, pero los gobiernos, como las familias, se deben administrar por prioridades. Si gastaran un poco menos en plantas y en empeñarse en ubicar fuentes donde resultan más costosas, tendrían recursos para asuntos prioritarios como el tener ingenieros. Esa mala práctica administrativa equivale a como si en una familia se le diera prioridad a los gastos en entretenimiento y se descuidaran las necesidades básicas como alimentación y vivienda. Pero es obvio que sí tienen ingenieros que pueden hacer el trabajo, pero prefieren continuar privando del derecho a disfrutar la propiedad privada a un grupo de personas.

Por un largo periodo, personal del municipio me estuvo engañando, mientras yo representaba al propietario de la finca en cuestión y actuaba por derecho propio, al haber adquirido uno de los solares que el municipio había aprobado mediante la segregación. En todo el proceso el trato en OMPU ha sido mediocre y ofensivo. El personal que atiende al público a simple vista es incompetente y carece de la preparación necesaria. Personal allegado al alcalde (de Aponte padre y de Aponte hijo) me estuvieron engañando. En comunicaciones por correo electrónico me hacían creer que estaban atendiendo el asunto y que habían referido el caso a una ingeniera del municipio y que ésta actuaría, sin embargo, después de largos meses, cuando la fulana ingeniera se comunica conmigo (a instancias mías) no tenía ni idea del asunto.

He evidenciado ante OMPU que el agrimensor que llevó el caso cometió fraude y que en todo momento tuvo la intención de engañar a su cliente. El agrimensor por corregir errores de él en el plano le estuvo cobrando a su cliente y ocultó información, creando un falso plano. El agrimensor tuvo que producir más de cinco planos supuestamente corregidos, incluyendo los sustitutos por errores de él y/o del municipio. También he documentado que el agrimensor en cuestión tiene una gran cantidad de casos de alteración de planos, afectando o beneficiando a sus clientes, pero siempre en función de una irregularidad. Ese agrimensor tiene pleno y total acceso a las oficinas de OMPU.

La ineficiencia de OMPU llega a tal nivel que desconocen su razón de ser. Los peritos, como agrimensores, por ejemplo, le someten los documentos al municipio (ente que representa al Estado). Cuando un agrimensor somete información falsa o alterada a OMPU es a ellos a quien le está mintiendo, no al cliente. OMPU tiene la obligación de proceder con una reclamación contra el agrimensor, pero han pretendido que sea el cliente quien le reclame, lo cual conlleva más gastos para el ciudadano. A quien el agrimensor le certificó que toda su falsedad era la realidad fue al municipio y quien se beneficiaba de toda la mentira era el propio municipio, no el propietario de la finca y cliente del agrimensor. El cliente salía perdiendo con toda esa mentira. A pesar que en OMPU conocen el historial del agrimensor en cuestión, he sido testigo de como es recibido en OMPU con los brazos abiertos. Ante todo el asunto, el municipio se ha comportado como un simple espectador que tan sólo poncha unos documentos sin análisis alguno y sin hacer responsable al perito que deliberadamente y en contra de los mejores intereses de su cliente produjo información falsa. A requerimiento mío y tras detallarle los errores y la mentira del agrimensor es que designan a una agrimensora del municipio para que evaluara mis alegaciones, constando ellos mismos que mis planteamientos eran correctos.

La acción del municipio ha hecho incurrir a los afectados en gastos innecesarios que rondan los $10,000.00, directos y sobre $50,000.00, indirectos. Esos gastos son sobre los gastos normales que conlleva un proceso de segregación regular. A eso hay que sumarle el incremento en costo de las residencias que iban a construir los dos hijos del propietario que solicitó la segregación de su finca. Dichas residencias (casas prefabricadas) en el periodo de tiempo desde que el municipio aprobó y luego congeló la aprobación al día de hoy han aumentado cerca de un 15%, representado miles de dólares que abusivamente éstos tendrán que incurrir en gastos por culpa del municipio. Teniendo éstos que llegar al extremo de adquirir otras propiedades porque el propio municipio les está privando del disfrute de su propiedad.

En Puerto Rico la Constitución garantiza el disfrute de la propiedad privada. En el caso de Carolina es el propio municipio quien atenta contra ese derecho. Atenta doblemente, al retrasar abusivamente la aprobación de una segregación (por periodos que rondan entre 6-10 años) y al ocupar parte de dicha finca con un camino en sus inmediaciones, a pesar de tener una franja de terreno destinada a camino desde los años ochenta y negarse a ubicar ese camino por donde corresponde. El municipio le había hecho creer al propietario que solicitó la segregación que el camino con el que invadieron su finca es el mismo que ellos habían adquirido en los años ochenta, siendo algo insostenible, ya que el camino municipal del plano de dicha época mantiene una línea recta y el camino que el municipio hizo hace unos años se inclina hacía el interior de la finca. En imágenes satelitales se aprecia la invasión con nitidez.

Para concluir, es pertinente destacar que las víctimas predilectas del atraso deliberado en los trámites que tiene que realizar OMPU son personas mayores. Una vez pasan los años, esa persona mayor que acude para dejar sus propiedades en orden se desespera y ya están dadas las condiciones para que algún fulano que tiene acceso al "comité" que decide la aprobación o no aprobación proponga cobrar por la aprobación. Es un patrón. Aponte mira hacia el lado, cómplice de todo ese atropello contra los ciudadanos. Pero la realidad es que OMPU no está en posición de aprobar o no aprobar, porque según me admitieron no tienen el personal necesario y capacitado para evaluar lo sometido por los agrimensores, que se limitan a dar por bueno lo sometido. De ahí que su existencia es irrelevante.

Mientras los ciudadanos responsables son privados del disfrute de su propiedad privada, vemos como abundan las construcciones que a simple vista no cumplen con los requisitos mínimos, pero que si cuentan con la bendición de OMPU. ¿Conocerá el alcalde y sus funcionarios municipales que la Constitución de Puerto Rico establece como un derecho el disfrute de la propiedad? ¿Conocerán que retrasando y no cumpliendo con su deber de aprobar o no aprobar una solicitud de segregación el Gobierno Municipal de Carolina atenta contra ese derecho al disfrute de la propiedad privada? ¿Conocerá también el alcalde Aponte que la Constitución establece que “No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley.”? ¿Conocerá el alcalde Aponte que su gente de confianza utiliza fondos federales para embrear caminos que el propio municipio ha creado de manera ilegal e invadiendo propiedad privada en contra de los derechos constitucionales de los propietarios afectados?

Los ciudadanos de Carolina tienen que estar bien alertas y hacer un análisis objetivo de la realidad administrativa del gobierno municipal de Carolina. Es el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, a través de OMPU, la entidad llamada a establecer los ordenamientos y a regirse por los planos debidamente aprobados. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no construyeron el camino en cuestión como aprobó ARPE central en los años ochenta?, aprobación que dispuso donde y cual sería el camino a ser propiedad municipal. Quien no respeta el orden y lo debidamente aprobado y prefiere violentar derechos constitucionales carece de legitimidad para establecer el orden mediante la planificación que se presume es

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