Autopistas del futuro

Hernán Padilla

Los pueblos se crecen cuando buscan soluciones para brindar servicios esenciales a la comunidad. La crisis fiscal del gobierno y la depresión económica que amenaza a Puerto Rico debe convencernos de que el gobierno no puede ni debe hacerlo todo.

Aunque las necesidades y las aspiraciones de nuestro pueblo van más allá de los recursos del gobierno central y las corporaciones públicas, los puertorriqueños tenemos el derecho a reclamar a exigir obras, proyectos y servicios que mejoren la calidad de vida. La realidad es que la deuda del Gobierno asciende a más de $60,000 millones de dólares.

En particular, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) adeuda $7,433 millones y no tiene capacidad financiera o crediticia para más. Para comenzar, su obligación inmediata es pagar $386 millones en intereses.

Sus ingresos propios por cobro de peaje, licencias, tablillas, impuesto sobre la gasolina, y cobros a construcciones privadas no son suficientes. Para economizar $23 millones en gastos de operación han tenido que reducir la nómina de 2868 empleados en el 2009 a 1727 para el 2012. Ahora la ACT necesita tomar prestados $283.3 millones adicionales. Aunque la ACT recibirá $198 millones de fondos federales en el 2011-12, necesitará una varita mágica para cumplir con sus obligaciones.

El pueblo que paga peajes para viajar por las autopistas quiere que se reparen los hoyos en el pavimento y se limpie la vía principal, rampas y paseos rápida y consistentemente. Los usuarios exigen que despachen personal para atender emergencias, incidentes vehiculares, derrames tóxicos y remover animales muertos en el menor tiempo posible.

Ante el reto, la ACT y la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas proponen una nueva estrategia para mejorar las Autopistas PR 22 desde San Juan hasta la PR-2 en Hatillo y la PR 5, una distancia de 89 kilómetros.

Para lograr la visión de autopistas en perfectas condiciones que brinden seguridad a todos los usuarios se propone un convenio con un concesionario privado que administre, financie, opere, rehabilite y mantenga las autopistas. Tienen que invertir en el sistema de autopistas, comprometerse a reparar y modernizar las vías existentes y arriesgar su capital durante varias décadas a cambio del cobro de peajes a un precio limitado y controlado.

Para comenzar, la empresa privada tendrá que invertir $90 millones en mejoras substanciales y especificas en los primeros 5 años y un total de $312 millones para diseñar, corregir e implantar cambios para cumplir con los estándares de operación que eleve la calidad de las Autopistas al nivel de “Clase Mundial”. Es hora que los puertorriqueños transiten por autopistas que cumplan con todos los requisitos de la propia ACT, la “Federal Highway Adninistration (FHA)” y  la Asociación de las Autopistas Estatales de los Estados Unidos.

El concesionario seleccionado deberá hacer un pago por adelantado de cientos de millones de dólares para que la ACT reduzca su deuda y evite “no cumplir” con los pagos obligatorios requeridos so pena de violación del contrato con los bonistas. Este pago inicial es la mejor garantía y transferencia de riesgo que se impone al concesionario. La empresa privada tiene responsabilidad legal por la calidad del diseño, costos de construcción, operación, actividad comercial, tráfico y financiamiento. De incumplir a satisfacción está en riesgo de ser penalizada, incluyendo la cancelación del contrato.

Es crucial que el contrato garantice que, en adición a que no habrá aumento de peaje hasta el 2014, cualquier aumento futuro sea predeterminado, conocido y razonable.

Mi aspiración es que en todos los procesos de política pública predomine la transparencia y que representen los principios de un buen gobierno. Nuestra obligación es exigir una obra de excelencia que cumpla con todos los requisitos y que sea un” buen negocio para Puerto Rico”.