Cleptocrácia, Gobierno de Ladrones
Hernán
Padilla
La corrupción pública-gubernamental es el ácido
potente que destruye el tejido social y resulta nocivo al ente político, y es
un síntoma de deterioro de los valores éticos en muchos niveles de la sociedad
puertorriqueña.
Desde mi comienzo en la política, admiré a los líderes
que proyectaban dedicación, entrega al servicio público, honestidad, desprendimiento
personal y un sentido de justicia que los convertía en “gente buena”. Son
muchos los que llenan ese retrato, personas como Dr. Leopoldo Figueroa, Luís A.
Ferré, y Ángel Viera Martínez para nombrar algunos ya fallecidos. También los
hay por millares en las agencias y municipios, gente buena que siente vergüenza
y expresan decepción cuando los corruptos destruyen el buen nombre del servicio
público.
La lista de actividad corrupta por funcionarios
públicos, políticos, candidatos, y empleados de los partidos políticos es
interminable. Predominan actos de fraude, empleados fantasmas, apropiación
ilegal agravada, escándalos por mal uso de fondos públicos y fondos federales,
señalamientos del contralor de contratos para beneficio propio, fraude en la
vivienda, subastas ilegales, soborno, obstrucción de la justicia, uso ilegal de
bancos telefónicos y facilidades del gobierno con fines partidistas, contratos
ilegales para beneficio de un amigo, pariente o donante político, pedir y
aceptar dinero a cambio de favores políticos, y hasta corrupción de la policía.
Al que le caiga el sayo que se lo ponga. Los
griegos llamaban al gobierno corrupto una Kleptocracia, un “gobierno de
ladrones”. La acusación contra el gobernador es muy seria, pero hemos visto
acusaciones o convicciones a legisladores, alcaldes, secretarios de departamentos
y jefes de agencias, asistentes y secretarias del primer ejecutivo, directores
de finanzas y ejecutivos de los partidos políticos. Para vergüenza de mi
profesión, hasta funcionarios de la Junta Examinadora vendían licencias médicas.
Acuso a los empresarios corruptos que compran y
sobornan a servidores públicos para ganancia personal. Acuso a los gobernadores
que han fracasado como modelos de honestidad y su responsabilidad de defender
al pueblo y al erario público. Acuso a los líderes políticos que defienden sus
intereses personales y partidistas por encima de los intereses del pueblo.
Acuso a la sociedad, al sistema de educación y los medios de comunicación que dan
más importancia a la trivialidad y superficialidad que a los valores éticos y
morales. Acuso al Pueblo por pasividad y tolerancia de tanto abuso y corrupción
sin que se revele para exigir honestidad.
La plataforma del PPD no menciona “corrupción”. Temen que cualquier referencia sea un ataque a
su líder encausado por la fiscalía federal.
El PNP sostiene que “La prevención conlleva
atacar la corrupción política como precursora de la corrupción gubernamental” y
“la supervivencia de la carrera política ha remplazado la ética y la
responsabilidad personal como los valores
básicos bajo los cuales opera nuestro proceso político y de gobierno”.
¡Sería más contundente decir continuismo
político!
Es necesario enmendar la Constitución para
limitar los términos de los legisladores y del gobernador, y elegir 75% de los
Legisladores y la Alcaldías separadas a las del gobernador para terminar con el continuismo y el
caudillismo político.
La Rama Ejecutiva merece un escrutinio detallado.
Urge crear la Oficina del Inspector General con auditores independientes para
prevenir la corrupción, el fraude y el
despilfarro de fondos públicos. Es necesario fortalecer al Departamento de
Justicia y asignar los recursos necesarios a la Oficina del Fiscal Especial
(FEI)” para perseguir a los corruptos con ayuda del gobierno federal.
Fortuño pide transparencia en el financiamiento
de las campañas políticas para prevenir que los candidatos y los partidos reciban
aportaciones ilegales, y respalda una reforma para el control del
financiamiento de las campañas políticas. Propone brindar acceso a información
real y confiable del gobierno y las actividades políticas, para que los
partidos no operen a las sombras del pueblo. Promete facilitar la inspección y
publicación de informes de actividades políticas, candidatos y funcionarios
públicos. Quiere darle autonomía a la Oficina del Auditor Electoral asemejándola
a la Oficina del Contralor, y asignarle el presupuesto necesario para que los
informes de ingresos y gastos de los candidatos, partidos y comités estén disponibles
al público.
¡Basta ya! El Pueblo
tiene que revelarse en contra de la corrupción y de los corruptos para botarlos
del gobierno.
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