Defensa de la voluntad del pueblo
Hernán Padilla
Para debatir los argumentos legales y oponerse al uso de fondos públicos para obstruir el mandato electoral del pueblo rechazando
el status territorial-colonial actual y favoreciendo la estadidad, debemos
considerar que esa estrategia partidista le
falta el respeto al Pueblo de Puerto Rico.
Nadie puede
negar que el pueblo se expresó libre y democráticamente en la consulta de
estatus cuando 970,910 votantes (53.97%) expresó no querer continuar con el
estatus territorial actual, mientras que 828,077 votantes (46.03%) lo favorecieron.
Puerto Rico revocó el consentimiento de los gobernados para continuar bajo el
status actual.
Tampoco pueden
negar que entre las tres opciones presentadas conforme a las definiciones
aceptadas en el “Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus
de Puerto Rico”, la opción de la Estadidad fue preferida por 834,191 votos
(61.16%), la opción del Estado Libre Asociado Soberano obtuvo 454,768 votos
(33.34%) y la opción de la Independencia obtuvo 74,895 votos (5.49%).
Ambas cifras
contrastan con el respaldo minoritario de un 47.7 % que obtuvo el gobernador
electo. Contrario a lo que alegan los administradores de la colonia, esos
resultados no le permiten usar fondos públicos para imponer su agenda respecto
al status de Puerto Rico, violar los principios democráticos y negar la
voluntad del pueblo.
El Gobernador García
Padilla, en función oficial, envió una
carta usando fondos y recursos públicos a todos los congresistas de la Cámara
de Representantes Federal negando los resultados oficiales certificados por la
Comisión estatal de Elecciones; y a través de la Administración de Asuntos
federales (PRAFA) autorizó la erogación de $546,000 de fondos públicos para
contratar cabilderos para rechazar la voluntad del pueblo en la consulta del
estatus. El Director de PRAFA, Juan Eugenio Hernández Mayoral, admitió
públicamente que esos fondos son utilizados para promover la política de García
Padilla que rechaza los resultados del plebiscito.
El derecho al voto es un derecho fundamental
del pueblo y es nuestra obligación hacerlo respetar. El uso de fondos
públicos por parte del gobierno para impedir la implantación de los resultados de
la consulta de estatus no cumple con lo expresado en las urnas. Ese uso de fondos públicos viola la política
pública del Presidente y es contrario a las normas del derecho internacional
sobre “libre determinación”.
Obstruir el proceso de autodeterminación de Puerto
Rico contraviene el mandato del pueblo y constituyen actuaciones político-partidistas,
no funciones públicas. El Gobernador no puede utilizar los fondos públicos para
impulsar su agenda político-partidista, mucho menos para violentar los
resultados de un referéndum favoreciendo una formula ideológica contraria a la
suya. Le corresponde al PPD, no a los contribuyentes, costear cualquier
oposición al mandato electoral.
Le corresponde
a los que rechazan reconocer que Estados Unidos es nuestra nación y rechazan agencias
federales en nuestro suelo que expongan su caso con sus propios fondos sin usar
los recursos públicos, tan necesarios
para servir al pueblo y resolver los problemas en la Isla.
Tratándose de
los postulados más elementales de nuestro sistema democrático y esquema
constitucional, la utilización de fondos públicos para fines políticos
partidistas lacera irremediablemente el sistema de equidad electoral.
Alerto a los
medios que no han denunciado el uso de
fondos públicos para promover una causa política y les advierto a los
legisladores y líderes políticos que esta acción sienta el precedente de usar
fondos públicos para adelantar una causa ideológica en contra del deseo expreso
del pueblo.
Esto no es un asunto trivial sino una tragedia; el que
los colonialistas utilicen fondos públicos para contratar cabilderos que
impongan el status territorial que mantiene a Puerto Rico segregado políticamente,
sin igualdad de derechos constitucionales, políticos y ciudadanos y sumidos en
la pobreza sin las mismas oportunidades de progreso que tienen nuestros
conciudadanos en los 50 estados de la Unión.
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