CUANDO LA JUSTICIA ARRASTRA LOS PIES

Por Redacción de Radio El Faropr.com

El periódico Primera Hora realizó un reportaje en el cual explico en detalle el calvario que ha tenido que pasar la mujer policía María Villafañe en su lucha de once (11) años contra el municipio de carolina.  Alega esa querellante  haber sido despedida injustamente por el actual Gerente de Seguridad, Juan Ortiz Crespo, el mismo que enfrenta acusaciones por haber sodomizado a una empleada municipal, según se alega en una investigación que lleva a cabo la fiscalía de carolina.

 Este tipo tiene un prontuario delictivo de innumerables querellas administrativas en su contra por diversas causales de discrimen y hostigamiento laboral y sexual de mujeres policías municipales que han sido sus víctimas. Hasta hace varias semanas atrás a este personaje siniestro un “amigo del alma” del Alcalde José Carlos Aponte, quien lo tenía bajo su manto protector con toda la impunidad y privilegios del mundo sin tan siquiera despojarle de su arma de reglamento.

 Gracias a la diligente intervención del nuevo Superintendente de la Policía, José Caldero el tipo fue desalmado conforme a lo que dispone la Ley. Para que ustedes tengan una idea clara de cómo están las cosas en el municipio de carolina, pudimos constatar que en la Comisión Apelativa Sistema Personal (CASP) que es el foro administrativo que atiende todas las querellas en controversia, entre patronos y empleados del sector público.

Llama la atención el número de unos 219 casos que aparecen radicados contra el municipio de carolina ante la CASP. En dicho registro hay casos que han sido adjudicados pero que aún permanecen como activos. A continuación hacemos un breve recuento de los mismos.

Casos: Alcalde Anterior              Casos: Alcalde Actual

José E. Aponte De La Torre        José Carlos Aponte

1997- 1                                            2006- 8

1998- 1                                            2007- 13

1999- 4                                            2008- 23      

2000- 1                                            2009- 17

2001- 3                                            2010- 37

2002- 7                                            2011- 29

2003- 6                                            2012- 16

2004-12                                           2013-  26

2005- 8                                            2014- 3

2006- 4*

Total de Casos: 47                        Total de Casos: 172

*Hasta el 16 de mayo de 2006      Desde 05/17/2006

Tiempo: 9 años – 4-meses y          Tiempo: 7 años-7-meses y

16-días                                           15 días

Del total de unos 217 casos y querellas registradas en la CASP al día de hoy, unos 47 casos corresponden a la administración del Fenecido Alcalde José E. Aponte De La Torre. El resto de unos 172 casos son querellas y recursos radicados por empleados contra el Alcalde José Carlos Aponte, actual Alcalde de Carolina.  Estos resultados reflejan que durante la administración de José E. Aponte De La Torre el número de querellas radicadas ante la CASP era de un 21.91% en comparación con la administración del actual Alcalde José Carlos Aponte que refleja un alza sustancial de 78.19% en  comparación  con el tiempo que estuvo su padre en esa gestión pública como Alcalde.

 Estos números proyectan que las acciones represivas en el municipio de carolina han aumentado por la agenda de persecución y discrimen interno aún con los mismos empleados que han militados en las estructuras politicas del PPD contra muchos colaboradores de la vieja guardia que fueron ejecutarlos y exterminados sistemáticamente víctimas del canibalismo político del presente Régimen Apontista.

Otra agravante es que muchas de esas querellas pendientes de adjudicar por la CASP tienen sobre unos 15 años de haberse radicado, sin que a la fecha de hoy se sepa cuál va a ser su determinación final. En esa agencia adjudicativa existe una incertidumbre y falta de confianza por los apelantes y abogados. Esto se debe a que en la CASP no resuelven los casos oportunamente aún en abierta violación a los propios reglamentos de la CASP que dispone un término máximo de seis (6) meses para resolver un caso en controversia.

Así las cosas allí se les violan los derechos constitucionales a los apelantes, ya que las reglas de evidencia no aplican en casos administrativos. Habida cuenta hay de que si dicho foro fuera a atender en un periodo de tiempo aceptable y como es debido y en los méritos de los casos a favor de los querellantes, el monto a pagar de esas resoluciones serian millonarias por concepto de paga retroactiva y otros haberes a que tendrían derecho  aquellos empleados que fueron suspendidos en sus empleos injustamente.

 Esto es sin contar los reclamos de acciones legales en los tribunales para resarcir los daños y perjuicios y angustias mentales y emocionales que procedan en derecho. Todo eso generaría un caos y colapso en las maltrechas y agonizantes arcas de las agencias públicas del gobierno central y los municipios. Es por tal razón que allí reina la consigna de “paso corto vista larga y ojo al cheque” y “non-culitus –pillare”.  Todos ellos solo están y le interesan proteger sus propios intereses personales y así poder sobrevivir y preservar sus nombramientos.

Allí el panismo y el amiguismo político reina a todas sus anchas y los oficiales examinadores no quieren trabajar más   y solo arrastran los pies en perjuicio de los querellantes. Hay mucha dejadez y displicencia por la pobre actitud que asumen los que tienen la responsabilidad de supervisar que los procesos fluyan como deben fluir y que no sometan a los querellados  que van en busca de justicia a un estado de coma inducida para prolongar su agonia. Los casos los ponen a dormir el sueño de pancuco y se les sientan encima. También le hacen la vida de cuadritos a los querellantes los cuales tienen que someterse a un calvario peor, cuando le fallan en contra y tienen que acudir en alzada al Tribunal de Apelaciones que son otros veinte pesos.  Así no se puede hacer patria, porque justicia tardía no es justicia y así estamos en este país en franca decadencia moral. Justicia tardía verdad que huye. Cuando a esa agencia de CASP la transfieran bajo la sombrilla del departamento del trabajo, tal y como pretende hacer el gobierno, éramos muchos y parirá la abuela y ahí será que la puerca entorchará el rabo porque los empleados públicos estarán en un estado de abandono y de total indefensión, victimas de laudos prejuiciados políticamente que serán siempre a favor del querellado o agencia.  DIOS, nos coja confesados y se apiade de lo que le espera a los empleados públicos.