El verdadero consenso
Hernán Padilla
El presidente del Partido Popular Democrático Alejandro García Padilla expresó
recientemente el deseo de lograr un consenso para resolver el dilema del estatus
político de Puerto Rico. El “llamado a la
unidad” choca con las múltiples facciones de su partido que no pueden definir
el estatus. Tampoco puede haber consenso al establecer criterios ajenos a la
unión permanente a la que aspiramos la mayoría de los puertorriqueños.
A pesar de que refrendaron
el resultado al utilizar fondos públicos para el plebiscito del 2012, el
gobernador pretende ignorar la voluntad mayoritaria
allí expresada, donde el 54% de los gobernados revocó su consentimiento al
status colonial y adjudicó un triunfo contundente a la estadidad sobre las dos
formulas de independencia combinadas. Están obligados a acatar la voluntad del
pueblo expresada en un proceso democrático validado con la participación del
78% del electorado.
La Constitución
de Puerto Rico no define un cambio de estatus. Su Preámbulo establece que “consideramos
factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de
América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos
grandes culturas del hemisferio americano”. La comunidad política creada y el
lenguaje constitucional facilitan el proceso para que PR sea admitido como
estado de la Unión.
Evidentemente el
argumento de convocar a “todas las
fuerzas políticas a dialogar para encontrar un consenso” es una farsa. Ahora pretenden que el
territorio-colonial sea excluido de la Clausula Territorial de la Constitución
Federal, obviando el requisito de resolver previamente el status, sea hacia la estadidad o la
independencia.
Para lograr su
propósito, los líderes populares proponen “sustituir la Ley de Relaciones Federales por un pacto
de libre asociación que no pueda ser modificado unilateralmente”; lo que violaría
la Constitución y soberanía de los Estados Unidos.
Ya la administración del Presidente
Obama estableció que no es posible aceptar las cláusulas de consentimiento
mutuo (pacto bilateral) porque cualquier Congreso futuro tiene el poder para
modificar la relación unilateralmente”. El
Congreso, además, concluye que el “ELA mejorado o culminado” es inconstitucional e inadmisible.
A esto se suma que la Administración Clinton determinó que la propuesta de “consentimiento
mutuo” inaceptable porque contraviene la
Constitución. Por tanto, fuera de la independencia, un territorio solo puede solicitar
formulas compatible con la Constitución, las leyes y la política pública de Estados
Unidos.
Cualquier
dialogo sobre el estatus tiene que considerar que el llamado “ELA soberano” nos convertiría en
una nación separada de los Estados Unidos, mientras que el status territorial perpetúa
la desigualdad política en derechos civiles y el evidente déficit democrático
que representa la privación del voto presidencial y de representación
congresional proporcional.
La Ley del
Gobernador Electo de 1947 sostiene que “los derechos, privilegios e inmunidades
de los ciudadanos americanos en PR se respetarán “como si PR fuera un estado de
la Unión”. El Congreso tendrá que reconocer que sus conciudadanos
puertorriqueños tienen igual derecho a todos los privilegios e inmunidades que
les otorga la Constitución a todos los
ciudadanos americanos.
Puerto Rico cumple
con los requisitos pata ser admitido a la Unión la condición de acuerdo y
sujeto a las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos y de la Ley
Publica 600, a saber, ser un “territorio organizado políticamente como un
estado” tener una carta de Derechos, y una forma
republicana de gobierno.
La Estadidad imparte
la dignidad poniendo fin a la colonia, garantizando autonomía local, y
extendiéndole los poderes de soberanía estatal, igualdad ciudadana, progreso
económico y estabilidad.
El resultado del
plebiscito del 2012--que el pueblo gallardamente validó en la “Marcha PR
escogió la Estadidad” representa un rechazo
contundente al ELA colonial quebrado y fracasado y una afirmación ineludible que
Puerto Rico demanda convertirse en Estado de la Unión.
Ese, señor
Gobernador, es el verdadero consenso.
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