EL CONSORCIO DEL NORESTE BATATAL POLITICO DEL PNP.

Por José Cheo Cruz

El consorcio del Noreste bajo la tutela del candidato a alcalde del PNP en Luquillo el Sr Carlos Rodríguez Rivera, se ha convertido súbitamente en una finca privada de cosecha de batatas políticas del PNP, donde sobre mil doscientos personas (1200) han sido nombrado a última hora, con trabajos temporeros, como experiencia laboral, en los municipios dominados por el  Partido Nuevo Progresista (PNP) en el noreste de Puerto Rico, y especialmente en los municipios  de Luquillo, Canovanas y Loiza, nombramientos de 4 horas y temporeros por 4 meses, periodo que se cumple justamente pasadas las próximas elecciones, a muchos  de ellos, se le vence sus contratos de trabajo el 10 de noviembre de 2016, justamente dos días después del evento electoral que se avecina.

El director ejecutivo del consorcio del Noreste, Sr. Carlos Rodríguez Rivera  ha montado una pica en Flandes, donde a través de un esquema de  aprovechamiento ilícito en el servicio público, con dichos nombramientos, como en el caso propio  de Luquillo, donde él es el candidato y que han sido para hacer de funcionarios electorales en Luquillo según nuestras fuentes, quienes son  allegadas a su campaña, y algunos para hacer el trabajo político de campo, pasquinar, caminatas, etc., cabe destacar que estos son   fondos públicos Federales y esta acción esta en  violación a la nueva ley Federal Workforce Innovation and Opportunity (WIOA) Título I y Titulo II o Ley de oportunidades y de innovación de la fuerza trabajadora,   al nombrarle a sus amiguitos del alma  alcaldes del PNP como  Lornna Soto Villanueva de Canovanas con sobre 350 empleados, y a Eddy Manzo de Loiza con sobre 250 empleos, hechos constitutivos de delito y en franca violación de leyes federales y violación al Artículo 255 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4883 (2010) (Artículo 255 del Código Penal), correspondiente al aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos.

Nos comunicamos con las oficinas del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio con la división de Desarrollo Laboral, con su directora la Sra. Koralis Córdoba y con el tocayo de este,  de su propio nombre Carlos Rodríguez Torres y ambos coincidieron en que esta es una acción clara de corrupción y va en contravención de la ley estatal y la federal a tenor con las reglas finales para Título I y Titulo II que entro en vigencia el 18 de octubre de 2016, lo que provoca que se sume este hecho a la ya en marcha investigación Federal contra el Director ejecutivo del consorcio del Noreste por el FBI y la oficina del contralor de Puerto Rico, y que este descaradamente quiso desmentir y despachar con una aseveraciones falsas sobre este redactor descarnadas y frívolas,  por la emisora WMDD de Fajardo, emisora donde mantiene un programa político pagado.

Como se sabe, las autoridades del tash fort del Contralor y el FBI  se incautaron hace un tiempo de unas  computadoras del Consorcio por una investigación de corrupción en curso contra este Director ejecutivo del Consorcio del Noreste Carlos Rodríguez Rivera, y quien  raudo y veloz removió cientos de cajas de documentos en una flag bet de un almacén que este mantiene rentado en la carretera Número tres de Luquillo a Fajardo Bo Fortuna,  y que podría ser considerado como una acción  de obstrucción a la justicia.

Mientras investigábamos, también descubrimos que el Sr. Carlos Rodríguez Rivera está violando flagrantemente el código electoral de Puerto Rico para el siglo XXI, o Ley 78 de 1 de junio de 2011, en el artículo 8.001 artículo 7, que reza de esta manera: ”Todo aspirante a un cargo electivo, que se desempeñe como jefe o autoridad nominadora de una agencia, departamento, dependencia gubernamental o corporación pública en la Rama Ejecutiva, excepto el Gobernador, deberá presentar su renuncia a dicho cargo treinta (30) días antes del inicio al periodo de radicación de candidaturas. Esta disposición se extenderá de igual forma a los siguientes funcionarios: Contralor de Puerto Rico y el procurador del Ciudadano (‘Ombudsman”) así como el Director administrativo de los Tribunales, cuando no ostente un nombramiento de Juez”.

De manera que este señor Carlos Rodríguez Rivera, hace mucho tiempo que debía haber renunciado a su posición de director ejecutivo del Consorcio del Noreste, el espíritu de esta sección de la ley electoral de Puerto Rico, sin duda que es precisamente ese, que los nombrados en posiciones de índole nominadoras, no se aprovechen de su posición para adelantar sus causas políticas.

Julia Nazario Fuentes la candidata a alcaldesa del PPD por Loiza, viene denunciando hace algún tiempo tal hecho, de los nombramientos ilícitos de personas temporeras en Loiza para tratar de influenciar los resultados electorales en ese municipio, al extremo que nos dijo cree sobre pasan, los 350 empleados nombrados en Loiza nada más, a claras luces un  esquema de corrupción y con fondos federales, de hecho nos dijo que el pasado viernes en Loiza no había dinero en las cuentas bancarias del Municipio,  ni en la de reserva para pagar las nóminas de los empleados regulares de Loiza e incluso que eso ha ocurrido ya en varias ocasiones.