LA IMPUNIDAD POLITICA EN RIO GRANDE

Por José Cheo Cruz

Si ustedes piensan que el único zaperoco de marca mayor es el escándalo del alcalde Héctor O’Neill en Guaynabo se equivocaron. En Rio Grande hay un lio con el alcalde Ángel “Boris” González y no es de ropas y a tomates no huele.

El Alcalde de Rio Grande, está siendo investigado por varias faltas administrativas por la Oficina del Fiscal Especial Independiente y por faltas criminales por el Departamento de Justicia.

Como parte del proceso se están entrevistando y tomando declaraciones juramentadas a testigos que son empleados de ese municipio, a fin de constatar los hechos que dieron base a la querella radicada contra este alcalde.

En el día de ayer la empleada municipal, Ivelisse Rosado, quien se desempeña como agente comprador en ese municipio, recibió una llamada amenazante donde utilizando vocabulario obsceno, fue amenazada de muerte, por la Primera Dama de ese municipio.

Dicha llamada se alega se produjo desde un teléfono de la misma Casa Alcaldía al teléfono celular de la perjudicada durante horas laborables. La empleada en cuestión al verse amenazada fue al cuartel de la Policía y allí radico una querella de amenaza contra la Primera Dama de Rio Grande.

Dicha querella tiene el # 17-12-061-01328 de fecha 7 de marzo de 2017, cumplimentada por el Agente Acemi- Placa #36667 del Distrito de Rio Grande. No es la primera vez que la Primera Dama de Rio Grande, utilizando un lenguaje amenazador, grosero y prepotente despotrica contra las personas, incluyendo a un asambleísta municipal y a este servidor, quien también hizo lo propio y radico una querella.

El problema en Rio Grande, es que no se actúa porque hay mucho temor y nadie se atreve a meterse con ese tipo de gente que sus torcidos lineamientos morales dejan mucho que desear.

Todos ellos son revanchistas y vengativos empedernidos que creen tener el derecho plenipotenciario de tener impunidad absoluta para cometer ese tipo de fechorías contra personas y funcionarios públicos, que se atrevan a delatar sus acciones y a hacerles frente.

A esas personas que se creen tener el poder en sus manos no les importa intervenir con una persona que es testigo del estado y que le asisten unos derechos al amparo de las leyes, por haber dado cuenta de la comisión de delitos contra la función pública.

Este debe de ser un País de Ley y Orden y NO uno donde prevalezca el más que empuje y grite en base a la posición pública que acomodaticiamente brinda el poder porque eso sería en todo caso un intolerable régimen dictatorial represivo.

Lo que hemos visto con algunos alcaldes de este País en estos días demuestra la intolerancia, la agresividad y la prepotencia de muchos de esos factores de inconductas que se transmiten a sus más cercanos seguidores unida a la complicidad silente producto de una conducta aprendida de una sub-cultura de valores invertidos donde en tierra de ciegos, el tuerto es Rey.